Un llamado a la Presidenta Bachelet a recuperar el agua como un bien público, hicieron un grupo de parlamentarios ubicándose simbólicamente frente al edificio de ENDESA de calle Santa Rosa.
(Fuente: El Clarín, por Lucía Sepúlveda, 28 Agosto 2008)
La transnacional española ENDESA posee más del 83% de los derechos de agua en nuestro pais y ahora pretende utilizar parte de ellos en un nuevo proyecto Hidroeléctrico fuertemente resistido en la región de Aysén. Marco Enríquez, Guido Girardi y el senador Nelson Avila, junto al concejal Hugo Gutiérrez y representantes de organizaciones ambientales y sociales, sostuvieron que es necesario iniciar un debate que permita impugnar el código de aguas promulgado en el régimen militar y avanzar hacia el acceso equitativo y democrático a las aguas, particularmente las de riego.
Marco Enríquez recordó que miles de comunidades en Chile exigen detener el uso irracional y especulativo de nuestros recursos hídricos. En la convocatoria estuvo flanqueado por el economista Marcel Claude, y el abogado y candidato Hugo Gutiérrez. Compartieron ese análisis Lucio Cuenca, del Observatorio de Conflictos Ambientales y María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas, representantes de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida que incluye también a ANAMURI.
En la carta a Bachelet hacen un recuento de la actual situación:
Es durante el régimen militar, concretamente el año 1981, cuando se crea el Código de Aguas, cuyo marco jurídico define de forma simultánea al agua como un bien nacional de uso público y también como un bien económico, lo que en rigor se traduce en la “autorización oficial” que da inicio a la privatización del agua.
Con la privatización de las aguas, se separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, creándose el mercado de las aguas, mercado que a través de la compra y venta de derechos de agua, deja en la indefensión absoluta a las comunidades, las que ven como sus recursos hídricos se desvinculan de su territorio.
El Código de Aguas dio origen a dos categorías de derechos de uso de aguas. Consuntivas y no Consuntivas. La diferencia entre ambos derechos dice relación con el compromiso de devolver un caudal al río. El derecho consuntivo es aquel derecho de consumo de aguas que no se reutiliza superficialmente, al revés, el derecho no consuntivo devuelve las aguas a los ríos.
Sostienen por todo ello que de esta manera se ha hipotecado nuestra soberanía y gobernabilidad: en Chile más del 85% de los derechos de agua de uso Consuntivo se encuentran en manos del sector agrícola, en Chile más del 83% de los derechos de agua de uso No Consuntivo se encuentran en manos de ENDESA-ESPAÑA.
El “aporte” de la Concertación al problema
Una mención especial amerita la situación del agua potable en nuestro país. En Chile son las denominadas empresas Sanitarias las responsables de proporcionar el agua potable a los ciudadanos del país, empresas que durante los procesos privatizadores impulsados por los gobiernos de la concertación, fueron traspasadas a grandes consorcios nacionales e internacionales, hoy grupos económicos como los Solari, Luksic, Vicuña y León, además de Anglean Water, Thames Water del Reino Unido, Iberdrola de España, y Suez Lyonnaise Meaux, este último propietario de Aguas Andinas, controlan prácticamente el 100% del agua potable que se consume en los hogares Chilenos.
El proceso de liberalización a ultranza que han experimentado los recursos hídricos nacionales, ha erosionado de forma irreversible el acceso a un recurso considerado como un bien de uso público, el mercado de las aguas y su afán especulativo ha provocado una enorme presión sobre las cuencas, afectando en algunos casos de forma irreversible los caudales ecológicos, las políticas públicas implementadas a través de la institucionalidad vigente han favorecido la gestión de los recursos hídricos en base a criterios de mercado, lo que ha favorecido la concentración de derechos de agua en el sector agroexportador y en el sector generador de electricidad, en este último caso, concentrado en una sola gran transnacional, es decir, ENDESA-ESPAÑA.
Firman la carta dirigida a Bachelet los diputados Rene Acorssi, Alejandra Sepúlveda, Ramón Farias, Carlos Monte, Fernando Meza, Guido Girardi, Rodrigo Gonzalez, Marco Enriquez-Ominami, Sergio Aguilo, Enrique Jaramillo, Gabriel Ascencio, Juan Carlos Latorre, Pedro Araya, Pablo Lorenzini, Eduardo Diaz del Rio, Clemira Pacheco, Jaime Mulet, Antonio Lea, Rene Alinco, Alvaro Escobar, los Senadores Nelson Avila, Alejandro Navarro, Guido Girardi y Carlos Ominami. También suscriben la misiva los dirigentes de los regantes de La Ligua y Petorca, Hugo Diaz y Augusto Correa encabezan el listado de firmantes de organizaciones sociales que ha comenzado a circular en el país.
En la carta a Bachelet hacen un recuento de la actual situación:
Es durante el régimen militar, concretamente el año 1981, cuando se crea el Código de Aguas, cuyo marco jurídico define de forma simultánea al agua como un bien nacional de uso público y también como un bien económico, lo que en rigor se traduce en la “autorización oficial” que da inicio a la privatización del agua.
Con la privatización de las aguas, se separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, creándose el mercado de las aguas, mercado que a través de la compra y venta de derechos de agua, deja en la indefensión absoluta a las comunidades, las que ven como sus recursos hídricos se desvinculan de su territorio.
El Código de Aguas dio origen a dos categorías de derechos de uso de aguas. Consuntivas y no Consuntivas. La diferencia entre ambos derechos dice relación con el compromiso de devolver un caudal al río. El derecho consuntivo es aquel derecho de consumo de aguas que no se reutiliza superficialmente, al revés, el derecho no consuntivo devuelve las aguas a los ríos.
Sostienen por todo ello que de esta manera se ha hipotecado nuestra soberanía y gobernabilidad: en Chile más del 85% de los derechos de agua de uso Consuntivo se encuentran en manos del sector agrícola, en Chile más del 83% de los derechos de agua de uso No Consuntivo se encuentran en manos de ENDESA-ESPAÑA.
El “aporte” de la Concertación al problema
Una mención especial amerita la situación del agua potable en nuestro país. En Chile son las denominadas empresas Sanitarias las responsables de proporcionar el agua potable a los ciudadanos del país, empresas que durante los procesos privatizadores impulsados por los gobiernos de la concertación, fueron traspasadas a grandes consorcios nacionales e internacionales, hoy grupos económicos como los Solari, Luksic, Vicuña y León, además de Anglean Water, Thames Water del Reino Unido, Iberdrola de España, y Suez Lyonnaise Meaux, este último propietario de Aguas Andinas, controlan prácticamente el 100% del agua potable que se consume en los hogares Chilenos.
El proceso de liberalización a ultranza que han experimentado los recursos hídricos nacionales, ha erosionado de forma irreversible el acceso a un recurso considerado como un bien de uso público, el mercado de las aguas y su afán especulativo ha provocado una enorme presión sobre las cuencas, afectando en algunos casos de forma irreversible los caudales ecológicos, las políticas públicas implementadas a través de la institucionalidad vigente han favorecido la gestión de los recursos hídricos en base a criterios de mercado, lo que ha favorecido la concentración de derechos de agua en el sector agroexportador y en el sector generador de electricidad, en este último caso, concentrado en una sola gran transnacional, es decir, ENDESA-ESPAÑA.
Firman la carta dirigida a Bachelet los diputados Rene Acorssi, Alejandra Sepúlveda, Ramón Farias, Carlos Monte, Fernando Meza, Guido Girardi, Rodrigo Gonzalez, Marco Enriquez-Ominami, Sergio Aguilo, Enrique Jaramillo, Gabriel Ascencio, Juan Carlos Latorre, Pedro Araya, Pablo Lorenzini, Eduardo Diaz del Rio, Clemira Pacheco, Jaime Mulet, Antonio Lea, Rene Alinco, Alvaro Escobar, los Senadores Nelson Avila, Alejandro Navarro, Guido Girardi y Carlos Ominami. También suscriben la misiva los dirigentes de los regantes de La Ligua y Petorca, Hugo Diaz y Augusto Correa encabezan el listado de firmantes de organizaciones sociales que ha comenzado a circular en el país.
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