sábado, 24 de octubre de 2009

Las filiales de las compañías eléctricas no aplican las herramientas de la responsabilidad social en los países emergentes

La organización internacional SOMO investiga las condiciones que rodean a los proyectos de la italoespañola Endesa, la estadounidense AES y la noruega SN Power

Fuente: Intelligence & Capital News
Por Beatriz Lorenzo.


Se cuelgan la medalla de la promoción de las energías limpias. Se erigen en adalides de la protección medioambiental. Alardean de su preocupación por el cambio climático y la coletilla de lo “verde” se repite hasta la saciedad en sus informes corporativos. Las compañías energéticas han respondido a la exigencia social y gubernamental de una mayor sostenibilidad medioambiental y se han subido al carro del desdén hacia las tradicionales energías contaminantes. Sus campañas de marketing y sus memorias de RSC son impecables, pero parecen haber olvidado un pequeño detalle: la actuación de sus filiales en los países subdesarrollados. Desde malas prácticas en materia de RSC, hasta plantas nucleares obsoletas e incapaces de funcionar, pasando por fallos en los suministros que hacen peligrar la seguridad de las comunidades, lo cierto es que la actuación de las eléctricas en los países emergentes está muy lejos de seguir los criterios que sus propios programas esgrimen en el primer mundo.

Las centrales nucleares son gigantes inútiles en los países emergentes. El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), una herramienta del Protocolo de Kioto que permite a los países industrializados invertir en proyectos de reducción de emisiones de CO2 en países en desarrollo como una contribución a sus propios objetivos de reducción internos. Los países en vías de desarrollo y los industrializados rechazaron en las negociaciones del Protocolo de Kioto la inclusión de la energía nuclear en el MDL. Este acuerdo cerró las puertas a la energía nuclear en los países en desarrollo como mínimo para la próxima década.

En los países emergentes, las centrales nucleares son muy grandes, e incompatibles con el sistema de red eléctrica que necesitan, ya que no cuentan con las redes eléctricas de alta tensión necesarias para centrales eléctricas de gran capacidad. Este tipo de redes de transmisión son costosas y de poco uso en países con una baja población. En países densamente poblados con economías emergentes, los largos tiempos de construcción que requiere la energía nuclear hacen que no pueda desarrollarse a la misma velocidad que la demanda creciente.

Las centrales nucleares construidas en países en desarrollo hacen crecer en gran medida la deuda pública. Así, en Filipinas, la central Bataan, que nunca ha sido puesta en funcionamiento, fue durante los últimos veinte años el mayor contribuidor a la deuda externa. Sólo en 2008 se ha realizado el pago final, casi 32 años después del inicio de su construcción. Y veinte años después de comenzar su construcción, el reactor Atucha II en Argentina está aún sin terminar, tras haber generado una deuda externa de más de mil millones de dólares.

La realidad es que un tercio de la población del planeta, unos dos mil millones de personas, no tiene acceso a servicios de energía básicos. Para ellos, la energía nuclear demasiado costosa y completamente incompatible con sus redes eléctricas.

DESCUIDOS Y MALAS PRÁCTICAS

Las malas prácticas y la nula aplicación de las herramientas de la responsabilidad social son comunes entre las filiales de las compañías energéticas. Un estudio reciente de la organización internacional SOMO revela que las actividades de las compañías eléctricas en los países emergentes, en lugar de contribuir al desarrollo sostenible exacerban las condiciones de vida precaria de las comunidades donde se sitúan.

El informe, “Down to the Wire”, deja al aire la necesidad de puntualizaciones en las normas internacionales para el suministro sostenible de electricidad, así como la urgencia de que las eléctricas pongan en práctica sus programas de RSC en los países en desarrollo y pongan el acento en el diálogo con todos los grupos de interés.

El documento investiga las condiciones que rodean a los proyectos de la española Endesa, la estadounidense AES y la noruega SN Power y examina la eficacia de sus políticas de RSE en países emergentes como Perú o Argentina, que demuestran ser escasas y poco cuidadosas. Así, en una planta de Endesa en Buenos Aires, las comunidades locales han tomado medidas legales por la construcción de cables de alta tensión cerca de sus hogares. Los residentes temen por su seguridad y están preocupados por los efectos de los campos electromagnéticos.

En el caso de AES, la insuficiente inversión de la empresa en infraestructura eléctrica se ha traducido en cortes de energía y en la puesta en peligro de la seguridad de las comunidades locales. La compañía estadounidense ya ha sido multada en varias ocasiones por el regulador argentino y sólo recientemente se ha comprometido a promover inversiones para mejorar la seguridad de sus instalaciones.

No es mejor el caso de la noruega SN Power, cuyas tasas de electrificación en varias zonas de Perú se mantiene por debajo del 50%. La eléctrica ha sufrido las quejas de varios funcionarios locales, que han denunciado que la compañía no parece dispuesta a asumir los necesarios costes de electrificación rural.

En muchos casos, un auténtico compromiso con las partes interesadas se sustituye por la caridad y actividades filantrópicas. Los interesados locales observan que las interacciones de las empresas con las comunidades a menudo se limita a repartir “caramelos” en forma de dádivas o proyectos filantrópicas en lugar de promover la participación de las comunidades en la toma de decisiones en temas críticos.

La falta de criterios claros para el suministro de electricidad sostenible y la aplicación incoherente de las diferentes normas sociales, ambientales y económicos de las multinacionales de la electricidad revelan una clara necesidad de normas externas y de establecimiento de la vigilancia a nivel internacional. En ausencia de tales normas internacionales las empresas deben desarrollar políticas de RSE. Dicho control debe involucrar a los representantes de los principales grupos de interés, en particular los sindicatos, las comunidades afectadas, y los planificadores de energía local.

LA ORGANIZACION INTERNACIONAL SOMO: http://somo.nl/about-somo


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